El gobierno chavista censura las informaciones sobre violencia en tiempos de campaña electoral. Los medios y los ciudadanos denuncian la criminalidad que azota al país.
En Venezuela las encuestas nacionales reflejan que más del 80% de la población considera que la inseguridad ciudadana es el mayor problema que afronta el país. Miguel Cavaliere, estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB), contó a esta revista la historia de Carlos González, un estudiante de comunicación social que salía de la casa de su novia en Altamira a las 12:30 de la noche en su camioneta, cuando en una angosta calle fue bloqueado por un auto y dos motos. Uno de los hombres le pidió bajarse del vehículo, pero cuando Carlos se resistió, los hombres le dispararon. A los pocos minutos falleció y hasta hoy el caso está impune.
Según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, en el 2009 se cometieron 16.047 homicidios en el país, pero la cifra extraoficial reportada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue de 13.780 víctimas el año pasado, es decir, que se cometen 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, dos veces más que la media en Colombia, sumida en el conflicto armado, y nueve veces más que México en su guerra contra el narcotráfico.
Por esta razón, la criminalidad se ha convertido en un tema crucial de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre, especialmente para los sectores opositores. Por su parte, el gobierno ha reconocido los fallos en materia de seguridad, pero cree que los medios exageran con el fin de atacar a la revolución. En una alocución, el presidente Hugo Chávez afirmó que las informaciones sobre este asunto buscan sabotear los comicios, "Andan desesperados y por eso generan la reacción del pueblo, que ya se ha acostumbrado a dar sus batallas ante la grosería, el atropello y la manipulación de los medios de comunicación".
Para el gobierno venezolano, la publicación de noticias sobre criminalidad representa por estos días un problema de salud pública y de seguridad tanto o más grave que la violencia callejera, que ha acabado con la vida de más 19.000 personas en los dos últimos años. Por ese motivo, el Tribunal décimo segundo de menores prohibió la divulgación de "contenido de sangre, armas y agresiones físicas, que aticen mensajes de guerra y decesos” en los principales medios de comunicación venezolanos para no alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes.
Aunque el tribunal limitó la restricción para los diarios Tal Cual y El Nacional, las reacciones no se hicieron esperar; este último destacó en su portada un aviso en letras rojas que decía “Censurado” y otros medios críticos al gobierno publicaron la fotografía de la morgue en solidaridad con el periódico. La medida del Tribunal ha sido polémica porque la restricción para los medios impresos se aplicará durante un mes, justamente en plena campaña para las elecciones parlamentarias.
En un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo de Venezuela declaró que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a ciertas restricciones previstas en la ley para asegurar el respeto a la protección de la salud pública, “los niños tienen derecho a recibir una información adecuada y los medios tienen el deber de contribuir a su formación”.
Sin embargo, Alejandro Botia, Jefe de redacción del diario Tal Cual, señala a Hechos del Mundo que la medida del juez no tiene una explicación lógica, “No existe ninguna norma ni reglamento que defina el tiempo por el cual se pueden imponer medidas cautelares de protección a los menores que impliquen censura previa a los medios de comunicación ¿Por qué 30 días y no 25 o 43?, ¿qué pasa después del vencimiento de la prohibición?, ¿después de ese momento ya los niños no estarán expuestos a imágenes que afecten su psiquis?”.
Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional señaló en entrevista a este medio que la imagen de la morgue buscaba hacer reaccionar al Gobierno frente al problema de inseguridad personal que sufren los venezolanos y que, “la intención dentro del contexto de campaña electoral es censurar las noticias atinentes al peor problema que padece el país para favorecer al gobierno”. Además señaló que "los periódicos venezolanos han publicado ese tipo de fotos toda la vida, sobretodo en el interior del país, lo que convierte esta restricción en una decisión política”.
A la protesta generada por la censura impuesta a los diarios se le ha unido el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela (CNP). Eduardo Galindo, miembro de esta organización y del Comité Nacional de Protección a Periodistas en Apure, explica que la censura es una forma de distraer la alarma social, “ese tipo de acciones demuestran una clara vulneración a la libertad de prensa en pleno periodo electoral utilizando una causa noble como la protección de los menores de edad como una excusa para silenciar a la prensa”.
Esta no es la es la primera vez que el gobierno censura a los medios de comunicación. María Iginia Silva fue víctima del cierre de la emisora CNB 102.3 en agosto del año pasado por ser un medio crítico a la gestión de Chávez y por recibir denuncias ciudadanas. Según ella, “la única forma de hacer pública la criminalidad que el país afronta es a través de medios independientes y privados, porque en diarios como Vea, al ser de corte oficial, ni siquiera existe una sección de sucesos y la cobertura que pueda dar el canal del Estado (Venezolana de Televisión) del tema, es escasa”.
También, Gabriel Bastidas, integrante del movimiento estudiantil de la UCAB dijo a Hechos del Mundo que “El gobierno piensa que si los medios no publican estos sucesos la gente no va a sentir los efectos de la criminalidad, pero es imposible, ya que a todos nos toca de cerca, todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar (o uno mismo) que ha sido víctima de la inseguridad”.
Aunque la censura despierte una nueva guerra entre Chávez y la prensa, lo cierto es que la violencia está afectando a diario la calidad de vida de miles de venezolanos que esperan con un sentido más crítico votar el próximo mes para que la criminalidad y la delincuencia, más allá de ser una prioridad para los medios, lo sea para la nueva Asamblea General.
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