Ese siete de agosto hasta el cielo lloró la partida de Uribe. Ahora tenemos que llenarnos de valor y seguir adelante. Todos los que lo odiaron serán recordados como traidores de la patria, comunistas y blasfemos. Cómo no darle un último adiós a nuestro presidente, al único que fue capaz de decirle de frente y a puerta cerrada al omnipotente Hugo Chávez que sea varón, a ese que mostró su berraquera paisa por teléfono gritándole a la Mechuda “le voy a dar en la cara, marica” e incluso a Daniel Coronell, que parece intocable, le dijo miserable. Hoy recuerdo con nostalgia tantas peleas donde ganó la mano firme y el corazón grande.
Se fue el mejor hombre de la historia, de la patria boba, y de la guerra de las mil y una noches, el que logró confundir al gobierno con pueblo y a su nombre con Dios. Solo él supo en 8 años pelear con las altas cortes, con los gobiernos vecinos, con los ministros, con las organizaciones de derechos humanos y hasta con los periodistas ¡Bien merecido lo tenían!
Recuerdo con melancolía el día que estreché su mano y vi que sus ojos no mentían, ¿qué culpa hay en él de los falsos positivos y de unas cuantas “manzanas podridas” en el DAS? menos mal recibió la bendición en Roma del papa Benedicto XVI para librarlo de todo pecado y peligro.
Desde que Uribe dejó la “farsa de Nariño”, decidí todos los viernes hacer una hora de silencio por su ausencia, pero para no aburrirme recuerdo sus fluidez al hablar en inglés. Solo él logró superar las expectativas de Harvard y Oxford para hacer notar sus erres arrastradas y los proverbios paisas al mejor estilo americano que lo convirtieron durante casi una década en el campeón invicto de la confusión ante embajadores y presidentes.
Cómo olvidar a Uribe, al que en nombre de Oscar Tulio Lizcano se hizo esperar más de tres horas ante veinte mil indígenas y luego de treparse en un puente peatonal con megáfono en mano gritó y se despeinó para no ser ignorado. Desde ese día, gracias a su gesta, inició una dieta donde el desayuno está hecho a base de insultos.
También será imposible dejar atrás su faceta de maestro cuando le pidió al periodista argentino de la BBC de Londres que estudiara la historia de su país y dejara la democracia colombiana tranquilita. Solamente hasta ese día nos enteramos que nuestro querido presidente había hecho un doctorado en cortinas de humo.
Uribe, siempre quiso ser el Mesías y tuvo su cuarto de hora cuando decidió defender a Jorge Noguera, el chivo expiatorio de la infiltración paramilitar por el que puso sus manos al fuego, pues siempre fue para él un buen muchacho.
Hoy, después de tantas alegrías y buenos momentos nos despedimos del padre que se va. Ese que logró amparar con subsidios a las familias más necesitadas como la Dangond Lacouture y combatió sino la pobreza, por lo menos a los pobres. Por ahora queda en mis oraciones pedir para que algún día vuelva eso sí, solo cuando sienta que es “prudente” hacerlo.
domingo, 22 de agosto de 2010
El niño soldado de Guantánamo
Ocho años después de ser capturado en un campo de batalla afgano, Omar Khadr, el más joven de los reos en la base estadounidense de Guantánamo, enfrenta un juicio ante la corte militar.
Khadr, descendiente de egipcios, fue capturado en el este de Afganistán por soldados estadounidenses en julio de 2002 cuando tenía 15 años, tras una larga batalla entre fuerzas especiales y milicianos de Al Qaeda. Hoy, con 23 años, enfrenta cinco cargos de crímenes de guerra, incluyendo el de asesinato por presuntamente lanzar una granada que dio muerte a un soldado norteamericano.
Sin embargo, su permanencia en la cárcel de Guantánamo ha despertado una fuerte polémica entre las organizaciones de derechos humanos, pues las consideraciones jurídicas de la bahía son distintas a las de Estados Unidos y señalan que el proceso al joven ha sido ilegal. Allí permanecen detenidos alrededor de 500 prisioneros considerados miembros de Al Qaeda y del régimen talibán sin gozar de un proceso judicial justo con acceso a abogados.
Al caso de Khadr se suma sus antecedentes familiares: su padre, Ahmed Said Khadr, de ideología islamista, al parecer tuvo vínculos con altos mandos de la red encabezada por Ossama bin Laden. En 1993 se mudó con su familia a Afganistán, desde donde se presume enviaba dinero a Al Qaeda y más tarde en el 2003, murió en Waziristán durante un ataque del ejército paquistaní.
El proceso contra Omar Khadr comenzó con una controversia luego de que el juez militar Patrick Parrish estimara que no eran aceptables todas las declaraciones que Khadr había hecho a sus interrogadores tras su detención, en la cárcel de Bagram, cerca de Kabul, y luego en Guantánamo. En declaraciones a la agencia AFP, el teniente coronel Jon Jackson, abogado designado por el pentágono declaró que, “el caso de Khadr es el primer juicio en la historia contra un niño soldado, él fue interrogado en la base aérea de Bagram en Afganistán mientras se recuperaba de graves heridas: dos disparos de ametralladora en la cara y en el ojo. También amenazaron con violarlo y le prometieron que volvería a Canadá si decía lo que querían escuchar”.
Por su parte, la representante especial del secretario general del foro mundial para conflictos armados, Radhika Coomaraswamy declaró a Hechos del Mundo que la Organización Para las Naciones Unidas (ONU), "pidió varias veces que ningún menor, obligado a ser niño soldado o porteador, sea considerado responsable de sus actos y de las órdenes dadas por sus comandantes".
El pasado martes, el fiscal encargado del caso, Jeff Groharing trató de presentar a Khadr en la audiencia como combatiente comprometido e informado de Al Qaeda argumentando que, "comparte la ideología de la organización yihadista y la utiliza para justificar sus actividades”, según información publicada por la agencia IPS.
La detención y el trato dado a Khadr basado en presiones y torturas en pleno proceso de recuperación son asuntos controvertidos. En el 2004, el joven fue considerado un combatiente enemigo. La Ley de Comisiones Militares, firmada por el entonces presidente de EEUU George W. Bush para el 2006 contemplaba que sólo los prisioneros clasificados como "combatientes enemigos ilegales" podían ser juzgados por tribunales militares en Guantánamo.
Con el gobierno de Barack Obama, los juzgados de excepción fueron reformados e invalidaron las declaraciones hechas bajo presión. Pero Khadr no contó con esas garantías y en el documental A usted no le gusta la verdad, basado en un video secreto, se revela la intensidad de un interrogatorio en Guantánamo que duró cuatro días en contra del menor, el cual enfrenta cargos de asesinato, espionaje y apoyo material al terrorismo.
Actualmente, el juicio fue aplazado 30 días como mínimo. Aún así, Jon Jackson, defiende la demanda interpuesta a la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que las comisiones para el caso de Khadr eran inconstitucionales porque ofrecían estándares de justicia inferiores a ciudadanos extranjeros, mientras los estadounidenses cuentan con la protección de un tribunal federal.
Amnistía Internacional, en un comunicado publicado el 12 de Agosto, afirma que las comisiones no cuentan con la independencia de las cortes federales estadounidenses ni con las garantías de juicio justo que los ciudadanos estadounidenses acusados de delitos o conductas idénticas recibirían, “Las comisiones militares niegan el derecho a la igualdad de todas las personas ante los tribunales y a la misma protección ante la ley”.
Luis Javier Orjuela, Ph.D. en Ciencia Política de la universidad internacional de la Florida, explicó a Hechos del Mundo que “Guantánamo ha sido una pieza fundamental en el programa secreto adoptado por Estados Unidos para la transferencia de detenidos en relación con la “guerra contra el terror”. Se ha recurrido a estas entregas para trasladar detenidos a Estados como Egipto, Jordania y Siria, donde la tortura es habitual, así como a la custodia estadounidense en Afganistán y en centros secretos conocidos como “lugares negros” dirigidos por la CIA”. Khadr, al igual que 16 menores más han sido considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, no se debe dejar a un lado las raíces de las capturas, pues lo que se exige es un proceso más justo para desvincular, en definitiva, la dignidad de las venganzas entre naciones.
Khadr, descendiente de egipcios, fue capturado en el este de Afganistán por soldados estadounidenses en julio de 2002 cuando tenía 15 años, tras una larga batalla entre fuerzas especiales y milicianos de Al Qaeda. Hoy, con 23 años, enfrenta cinco cargos de crímenes de guerra, incluyendo el de asesinato por presuntamente lanzar una granada que dio muerte a un soldado norteamericano.
Sin embargo, su permanencia en la cárcel de Guantánamo ha despertado una fuerte polémica entre las organizaciones de derechos humanos, pues las consideraciones jurídicas de la bahía son distintas a las de Estados Unidos y señalan que el proceso al joven ha sido ilegal. Allí permanecen detenidos alrededor de 500 prisioneros considerados miembros de Al Qaeda y del régimen talibán sin gozar de un proceso judicial justo con acceso a abogados.
Al caso de Khadr se suma sus antecedentes familiares: su padre, Ahmed Said Khadr, de ideología islamista, al parecer tuvo vínculos con altos mandos de la red encabezada por Ossama bin Laden. En 1993 se mudó con su familia a Afganistán, desde donde se presume enviaba dinero a Al Qaeda y más tarde en el 2003, murió en Waziristán durante un ataque del ejército paquistaní.
El proceso contra Omar Khadr comenzó con una controversia luego de que el juez militar Patrick Parrish estimara que no eran aceptables todas las declaraciones que Khadr había hecho a sus interrogadores tras su detención, en la cárcel de Bagram, cerca de Kabul, y luego en Guantánamo. En declaraciones a la agencia AFP, el teniente coronel Jon Jackson, abogado designado por el pentágono declaró que, “el caso de Khadr es el primer juicio en la historia contra un niño soldado, él fue interrogado en la base aérea de Bagram en Afganistán mientras se recuperaba de graves heridas: dos disparos de ametralladora en la cara y en el ojo. También amenazaron con violarlo y le prometieron que volvería a Canadá si decía lo que querían escuchar”.
Por su parte, la representante especial del secretario general del foro mundial para conflictos armados, Radhika Coomaraswamy declaró a Hechos del Mundo que la Organización Para las Naciones Unidas (ONU), "pidió varias veces que ningún menor, obligado a ser niño soldado o porteador, sea considerado responsable de sus actos y de las órdenes dadas por sus comandantes".
El pasado martes, el fiscal encargado del caso, Jeff Groharing trató de presentar a Khadr en la audiencia como combatiente comprometido e informado de Al Qaeda argumentando que, "comparte la ideología de la organización yihadista y la utiliza para justificar sus actividades”, según información publicada por la agencia IPS.
La detención y el trato dado a Khadr basado en presiones y torturas en pleno proceso de recuperación son asuntos controvertidos. En el 2004, el joven fue considerado un combatiente enemigo. La Ley de Comisiones Militares, firmada por el entonces presidente de EEUU George W. Bush para el 2006 contemplaba que sólo los prisioneros clasificados como "combatientes enemigos ilegales" podían ser juzgados por tribunales militares en Guantánamo.
Con el gobierno de Barack Obama, los juzgados de excepción fueron reformados e invalidaron las declaraciones hechas bajo presión. Pero Khadr no contó con esas garantías y en el documental A usted no le gusta la verdad, basado en un video secreto, se revela la intensidad de un interrogatorio en Guantánamo que duró cuatro días en contra del menor, el cual enfrenta cargos de asesinato, espionaje y apoyo material al terrorismo.
Actualmente, el juicio fue aplazado 30 días como mínimo. Aún así, Jon Jackson, defiende la demanda interpuesta a la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que las comisiones para el caso de Khadr eran inconstitucionales porque ofrecían estándares de justicia inferiores a ciudadanos extranjeros, mientras los estadounidenses cuentan con la protección de un tribunal federal.
Amnistía Internacional, en un comunicado publicado el 12 de Agosto, afirma que las comisiones no cuentan con la independencia de las cortes federales estadounidenses ni con las garantías de juicio justo que los ciudadanos estadounidenses acusados de delitos o conductas idénticas recibirían, “Las comisiones militares niegan el derecho a la igualdad de todas las personas ante los tribunales y a la misma protección ante la ley”.
Luis Javier Orjuela, Ph.D. en Ciencia Política de la universidad internacional de la Florida, explicó a Hechos del Mundo que “Guantánamo ha sido una pieza fundamental en el programa secreto adoptado por Estados Unidos para la transferencia de detenidos en relación con la “guerra contra el terror”. Se ha recurrido a estas entregas para trasladar detenidos a Estados como Egipto, Jordania y Siria, donde la tortura es habitual, así como a la custodia estadounidense en Afganistán y en centros secretos conocidos como “lugares negros” dirigidos por la CIA”. Khadr, al igual que 16 menores más han sido considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, no se debe dejar a un lado las raíces de las capturas, pues lo que se exige es un proceso más justo para desvincular, en definitiva, la dignidad de las venganzas entre naciones.
martes, 10 de agosto de 2010
El precio del adulterio
Sakineh Mohammadi Ashtiani, una iraní de 43 años fue condenada a lapidación por el delito de adulterio. Hoy su caso llama la atención del mundo ante la falta de garantías del sistema judicial de Irán mientras el país defiende el cumplimiento de la ley islámica.
Ashtiani fue condenada en el 2006 a prisión y a 99 latigazos por mantener una relación con el presunto asesino de su marido. Su caso fue reabierto este año luego de que la mujer se retractara de lo dicho en un primer interrogatorio y más tarde haya confesado haberse autoinculpado. Sin embargo, el código penal de la República Islámica la sentencia a muerte por lapidación, mientras distintas organizaciones de derechos humanos se movilizan para salvar su vida. La práctica iraní reabre el debate, pues la lapidación implica que la persona sea enterrada hasta el pecho y golpeada con piedras no tan grandes como para causar su muerte de forma inmediata ni tan pequeñas que no le causen daño, tal como establece el código penal del país. No obstante, Irán ha paralizado el proceso de Ashtiani gracias a la presión internacional, pero la decisión de las autoridades se mantiene. Según el ministro de exteriores en Irán, Manucher Mottaki, en declaraciones al País de España, dejó en claro que el veredicto sigue en pie: "la justicia iraní no ha suspendido la lapidación, es definitiva y aplicable”.
Por su parte, Ashtiani en una entrevista para el diario The Guardian aseguró que, mientras ella, encontrada culpable de adulterio es condenada a muerte, la vida del hombre encarcelado por la muerte de su marido no corre peligro, “La respuesta es muy simple, es porque soy una mujer y creen que pueden hacer lo que quieran. Un hombre adúltero puede terminar en la cárcel, pero para las adúlteras significa el fin del mundo. Todo esto ocurre porque vivo en un país donde las mujeres no tienen derecho a divorciarse de sus maridos y se ven privadas de sus derechos fundamentales".
La primera organización en dar la voz de alarma sobre el hecho fue la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la cual denunció en su portal que "No hay pruebas en el caso de Ashtiani que justifiquen esta sentencia inhumana". La campaña respondía al llamamiento del abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaeí, quien, agotadas todas las instancias, difundió el caso en su blog. Desde entonces, Amnistía, Foreign Office y Human Rights Watch, se han sumado a la movilización internacional pidiendo su perdón.
En un comunicado oficial publicado en internet, Amnistía Internacional destaca que Ashtiani se ha librado de morir a pedradas gracias a la participación y el compromiso de miles de personas que rechazan el acto, aunque la sentencia se mantenga y la mujer pueda ser ejecutada. El año pasado, al menos tres iraníes condenados a lapidación finalmente, fueron ahorcados. Por ahora Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y grupos internacionales de Derechos Humanos han pedido la liberación de la mujer y la anulación de la condena.
La campaña en la web para salvar su vida (http://freesakineh.org/) ha recogido hasta el momento más de 51.000 firmas. En respuesta a esta movilización, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que está dispuesto a conceder asilo a la mujer iraní y que intentará convencer a su homólogo de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, de que permita a la mujer aceptar el ofrecimiento de asilo, "Si mi amistad con el presidente de Irán sirve de algo, estaremos dispuestos a recibirla aquí", sostiene Lula en declaraciones a la radio estatal. Por ahora presidente de Irán no se ha pronunciado ante la propuesta.
Según Blanca Cueto, politóloga y experta en estudios socioculturales, lo que ocurre con Ashtiani, “no es una cuestión de civilizaciones, ni una cuestión cultural: es cuestión de infracción de derechos humanos. Los estados islámicos que asumen la Sharía como corpus legislativo aplican a las mujeres castigos medievales, que van en detrimento con los avances hechos a escala mundial en defensa a la vida, la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables”. Incluso el ayatolá Mohammad Ebrahim Yannati asegura que no hay base religiosa para ese castigo.
El código penal vigente en Irán desde la revolución islámica de 1979 establece la lapidación para los adúlteros, pero de acuerdo con esa polémica interpretación de ley islámica, el delito debe probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres hombres y dos mujeres).
Las circunstancias que rodean el caso de Ashtiani no son la excepción, sino la regla en Irán, donde otras ocho mujeres y tres hombres corren el riesgo de ser lapidados. El último caso conocido se produjo en enero del año pasado en la ciudad de Mashhad, la segunda más grande de Irán.
En lugares como Somalia, Irán, Sudán, el norte de Nigeria, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, una provincia de Indonesia y Yemen, se siguen invocando hoy en día las interpretaciones más estrictas de la Sharía (ley islámica), aunque el Corán no dice ni media sobre el asunto. La Sharía condena a muerte a pedradas a casados, separados, divorciados hasta a viudos que tengan relaciones extramatrimoniales.
A pesar de que el adulterio es castigado tanto para hombres como mujeres en Irán, las organizaciones internacionales y las personas que en general se oponen a la práctica consideran que las mujeres son más vulnerables a la lapidación porque no gozan de igualdad de trato ante los tribunales, sufren más de analfabetismo y no tienen un fácil acceso a abogados. Por ahora, el tema sigue cruzando una fina línea entre lo legítimo y lo justo, entre los derechos humanos y la cultura, mientras se espera una segunda oportunidad para Ashtiani o su definitivo castigo.
HAITÍ:SEIS MESES DESPUÉS DE LA TRAGEDIA
El doce de julio de este año se cumplieron seis meses desde que un terremoto de 7.0 grados en la escala de Richter sacudiera y asolara a Haití, especialmente a su capital, Puerto Príncipe. A pesar de la ayuda recibida, que supera los 11 mil millones de dólares, sus habitantes aún viven en condiciones de extrema pobreza, mientras se calcula que la reconstrucción total del país antillano tardará 20 años.
Durante varias semanas Haití fue el centro de atención mundial. Todos los medios de comunicación contaron el desarrollo de una de las peores catástrofes naturales de la historia, que dejó en su camino más de 250.000 muertos y un millón de desplazados entre ellos Marc, un niño de cinco años con notables signos de desnutrición que a diario busca en el piso algo que comer para calmar su hambre. Esta historia publicada recientemente por el diario el Espectador titulada Haití: El país zombi, muestra que después de seis meses la república sigue al borde del abismo.
Haití, antes y después del terremoto es el país más pobre de América. Según el Banco Mundial, casi 240 millones de dólares se pusieron a disposición del país para evaluar el impacto de la tragedia, implementar infraestructura de emergencia, proyectos educativos y comunitarios así como para proporcionar financiamiento al sector privado. Sin embargo, a medio año de la tragedia, se hicieron públicos varios informes en los que se denunciaba que la ayuda prometida por los donantes no llegaba al país caribeño. Entre los informes, se destacó el expuesto por Secretario General de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon, en el cual se señaló que sólo ha llegado el 2% de los donativos.
La desesperación de los habitantes a falta de recursos ha impulsado protestas por todo el país, pues tras las expectativas de ayuda, las entregas de alimentos, viviendas y asistencia médica sigue siendo irregular. El aporte económico y humanitario proveniente de República Dominicana, Estados Unidos, países latinoamericanos, europeos, y de organizaciones como la Cruz Roja Internacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, es insuficiente, teniendo en cuenta la inestabilidad política, económica y social que Haití ha enfrentado durante décadas. Por el momento, miles de haitianos y haitianas continúan viviendo en condiciones precarias en refugios y tiendas
La situación actual muestra que el gobierno haitiano ha sido lento para tomar las decisiones necesarias para pasar de un estado de emergencia a un período de recuperación. El país actúa paulatinamente ante las complejidades logísticas de problemas como la remoción de escombros y la identificación de sitios seguros para la reubicación de viviendas. Solo hasta el mes de mayo el presidente de Haití, René Preval se encargó de trasladar a 11.600 víctimas a un barrio formal. Aún no se levantan algunos refugios temporales, mientras la supervivencia de miles de haitianos se ve amenazada por los vientos, el calor, las enfermedades como la tuberculosis, las lluvias y la probabilidad de llegada de un ciclón tropical.
Según Carlos García, profesor de la Universidad Complutense de Madrid: “El principal problema que tiene Haití, es la falta de estructuras de organizaciones, es decir, los largos periodos de golpes militares, las dictaduras, la invasión militar que tuvo a principios de siglo, han hecho que el país no pueda construir sus propias formas de organización, los partidos son absolutamente débiles, escuálidos, responden a los intereses personales del dirigente”.
Además de la inestabilidad política de Haití, la situación de corrupción afecta el proceso de reconstrucción. Aún así Javier Esparza, ex funcionario internacional de la OEA, considera que sí hay salidas: “si se logra una coordinación eficaz de la cooperación internacional, esa podría ser una manera eficiente de controlar el uso adecuado de los recursos, para los fines específicos requeridos en ésta situación”.
Otro de los sucesos que se presenta en el país es el desplazamiento masivo de los haitianos a República Dominicana en respuesta a la falta de oportunidades en la nación. Jean Paul, periodista e investigador de Haití declaró a medios colombianos que las víctimas del terremoto han perdido la fe en su país y han decidido emigrar a la provincia Dominicana de Santiago, siendo la segunda ciudad más rica e industrializada de la zona.
Pero la situación política del país caribeño está cerca de definirse pues los candidatos para las elecciones de noviembre se alistan para competir esta semana cuando se cierren las inscripciones presidenciales, siendo un evento clave para la reconstrucción a largo plazo de Haití. El restablecimiento de la institucionalidad ha generado tanta atracción que hasta la estrella del hip hop Wyclef Jean podría postularse a la presidencia, luego de su reconocida labor solidaria a favor de las personas más afectadas por el terremoto.
Por ahora, 70 partidos políticos y coaliciones se han registrado para las elecciones nacionales que elegirán al sucesor del presidente Preval, que ha recibido durante los últimos meses acusaciones por intentar aferrarse al poder y manipular al Consejo Electoral. Además, los sobrevivientes del terremoto sostienen que la mala gestión del gobierno, la corrupción y el pésimo estado de las construcciones magnificaron los efectos del sismo.
Mientras que la Comunidad internacional sigue organizando grandes cumbres para concretar la reconstrucción de Haití a través de recolectas de fondos y acordar una estrategia de intervención para los próximos años, el país está al borde de una crisis política generada por conflictos entre el régimen en el poder y los grupos de la oposición.
El destino de Haití depende, por el momento, de la capacidad de articulación y movilización de los diferentes movimientos y organizaciones de la sociedad civil haitiana para exigir el respeto y la protección de la dignidad y de los derechos fundamentales del pueblo, especialmente de la población damnificada y desplazada, más allá de la eventual crisis política interna y de la ligereza de ciertos organismos y países de la comunidad internacional de instaurar al país su propio proyecto de reconstrucción.
Durante varias semanas Haití fue el centro de atención mundial. Todos los medios de comunicación contaron el desarrollo de una de las peores catástrofes naturales de la historia, que dejó en su camino más de 250.000 muertos y un millón de desplazados entre ellos Marc, un niño de cinco años con notables signos de desnutrición que a diario busca en el piso algo que comer para calmar su hambre. Esta historia publicada recientemente por el diario el Espectador titulada Haití: El país zombi, muestra que después de seis meses la república sigue al borde del abismo.
Haití, antes y después del terremoto es el país más pobre de América. Según el Banco Mundial, casi 240 millones de dólares se pusieron a disposición del país para evaluar el impacto de la tragedia, implementar infraestructura de emergencia, proyectos educativos y comunitarios así como para proporcionar financiamiento al sector privado. Sin embargo, a medio año de la tragedia, se hicieron públicos varios informes en los que se denunciaba que la ayuda prometida por los donantes no llegaba al país caribeño. Entre los informes, se destacó el expuesto por Secretario General de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon, en el cual se señaló que sólo ha llegado el 2% de los donativos.
La desesperación de los habitantes a falta de recursos ha impulsado protestas por todo el país, pues tras las expectativas de ayuda, las entregas de alimentos, viviendas y asistencia médica sigue siendo irregular. El aporte económico y humanitario proveniente de República Dominicana, Estados Unidos, países latinoamericanos, europeos, y de organizaciones como la Cruz Roja Internacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, es insuficiente, teniendo en cuenta la inestabilidad política, económica y social que Haití ha enfrentado durante décadas. Por el momento, miles de haitianos y haitianas continúan viviendo en condiciones precarias en refugios y tiendas
La situación actual muestra que el gobierno haitiano ha sido lento para tomar las decisiones necesarias para pasar de un estado de emergencia a un período de recuperación. El país actúa paulatinamente ante las complejidades logísticas de problemas como la remoción de escombros y la identificación de sitios seguros para la reubicación de viviendas. Solo hasta el mes de mayo el presidente de Haití, René Preval se encargó de trasladar a 11.600 víctimas a un barrio formal. Aún no se levantan algunos refugios temporales, mientras la supervivencia de miles de haitianos se ve amenazada por los vientos, el calor, las enfermedades como la tuberculosis, las lluvias y la probabilidad de llegada de un ciclón tropical.
Según Carlos García, profesor de la Universidad Complutense de Madrid: “El principal problema que tiene Haití, es la falta de estructuras de organizaciones, es decir, los largos periodos de golpes militares, las dictaduras, la invasión militar que tuvo a principios de siglo, han hecho que el país no pueda construir sus propias formas de organización, los partidos son absolutamente débiles, escuálidos, responden a los intereses personales del dirigente”.
Además de la inestabilidad política de Haití, la situación de corrupción afecta el proceso de reconstrucción. Aún así Javier Esparza, ex funcionario internacional de la OEA, considera que sí hay salidas: “si se logra una coordinación eficaz de la cooperación internacional, esa podría ser una manera eficiente de controlar el uso adecuado de los recursos, para los fines específicos requeridos en ésta situación”.
Otro de los sucesos que se presenta en el país es el desplazamiento masivo de los haitianos a República Dominicana en respuesta a la falta de oportunidades en la nación. Jean Paul, periodista e investigador de Haití declaró a medios colombianos que las víctimas del terremoto han perdido la fe en su país y han decidido emigrar a la provincia Dominicana de Santiago, siendo la segunda ciudad más rica e industrializada de la zona.
Pero la situación política del país caribeño está cerca de definirse pues los candidatos para las elecciones de noviembre se alistan para competir esta semana cuando se cierren las inscripciones presidenciales, siendo un evento clave para la reconstrucción a largo plazo de Haití. El restablecimiento de la institucionalidad ha generado tanta atracción que hasta la estrella del hip hop Wyclef Jean podría postularse a la presidencia, luego de su reconocida labor solidaria a favor de las personas más afectadas por el terremoto.
Por ahora, 70 partidos políticos y coaliciones se han registrado para las elecciones nacionales que elegirán al sucesor del presidente Preval, que ha recibido durante los últimos meses acusaciones por intentar aferrarse al poder y manipular al Consejo Electoral. Además, los sobrevivientes del terremoto sostienen que la mala gestión del gobierno, la corrupción y el pésimo estado de las construcciones magnificaron los efectos del sismo.
Mientras que la Comunidad internacional sigue organizando grandes cumbres para concretar la reconstrucción de Haití a través de recolectas de fondos y acordar una estrategia de intervención para los próximos años, el país está al borde de una crisis política generada por conflictos entre el régimen en el poder y los grupos de la oposición.
El destino de Haití depende, por el momento, de la capacidad de articulación y movilización de los diferentes movimientos y organizaciones de la sociedad civil haitiana para exigir el respeto y la protección de la dignidad y de los derechos fundamentales del pueblo, especialmente de la población damnificada y desplazada, más allá de la eventual crisis política interna y de la ligereza de ciertos organismos y países de la comunidad internacional de instaurar al país su propio proyecto de reconstrucción.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
