Reconstruyendo la historia política del país, cargada de abusos, miedo y sangre, podría llegarse fácilmente a la conclusión de que en tiempos de crisis las fuerzas militares se han convertido en un mal necesario, que alimentado por sus propios aciertos y desaciertos junto al poder ejecutivo, han hecho que el pueblo se haya acostumbrado a vivir en una permanente montaña rusa de emociones y lo peor, hicieron que su moral tocara fondo porque a eso lo condenó la impunidad.
Quisiera detenerme en un suceso. Basta recordar cuando el entonces Presidente Belisario Betancur en 1985, dejó de gobernar por 27 horas y entregó todo el poder a manos de generales y coroneles que hasta hoy, siguen negando el horror tras la toma del Palacio de Justicia, bajo el cínico discurso del triunfo sobre el terrorismo.
Quizás fue tan grande la confianza o la decepción en las fuerzas militares que la desaparición forzada en ese tiempo no era vista ante los ojos de la población como una conducta prohibida y solo hasta el 2000 fue reconocida como delito. Sin embargo, ante el Derecho Internacional la desaparición de civiles por agentes estatales, representaba y sigue representando un crimen de lesa humanidad, un acto de barbarismo.
Ahora, a nadie se le ocurre sugerir impunidad a la violación de derechos y mucho menos en casos como el del coronel Alfonso Plazas Vega, que ha sabido cómo hacer uso de su papel de mártir para tapar el sol con un dedo. Tampoco se podrá dejar de lado los delitos atroces a cargo del M-19.
Hoy, son las familias y la historia las que piden reivindicación, el no olvido del abuso de poder y de la ineficiencia de la justicia penal militar. No se puede pretender que el juzgamiento a los crímenes de los miembros de la fuerza pública contra civiles sea un asunto que se arregla entre compañeros de armas. Esa no es la jurisdicción militar establecida en la constitución ni en los tratados internacionales.
A veces, el pasado muestra al presidente como un títere que cede a la presión, incapaz de ponerle fin a lo que Gustavo Gallón llama una ‘república militar’, que se hizo la de la vista gorda ante la comunidad internacional en materia de derechos, en el desmantelamiento del paramilitarismo y en las secuelas que el conflicto y los errores han dejado en la memoria de los colombianos.
Con esto, quiero decir que la relación entre el ejecutivo y las fuerzas militares fue y seguirá siendo un mal necesario porque el conflicto, los diálogos fallidos y los muertos lograron que el país aprendiera a vivir entre la mano dura y la heroica promesa de alcanzar la paz.
