El precio del adulterio

Sakineh Mohammadi Ashtiani, una iraní de 43 años fue condenada a lapidación por el delito de adulterio. Hoy su caso llama la atención del mundo ante la falta de garantías del sistema judicial de Irán mientras el país defiende el cumplimiento de la ley islámica.

Ashtiani fue condenada en el 2006 a prisión y a 99 latigazos por mantener una relación con el presunto asesino de su marido. Su caso fue reabierto este año luego de que la mujer se retractara de lo dicho en un primer interrogatorio y más tarde haya confesado haberse autoinculpado. Sin embargo, el código penal de la República Islámica la sentencia a muerte por lapidación, mientras distintas organizaciones de derechos humanos se movilizan para salvar su vida.

La práctica iraní reabre el debate, pues la lapidación implica que la persona sea enterrada hasta el pecho y golpeada con piedras no tan grandes como para causar su muerte de forma inmediata ni tan pequeñas que no le causen daño, tal como establece el código penal del país. No obstante, Irán ha paralizado el proceso de Ashtiani gracias a la presión internacional, pero la decisión de las autoridades se mantiene. Según el ministro de exteriores en Irán, Manucher Mottaki, en declaraciones al País de España, dejó en claro que el veredicto sigue en pie: "la justicia iraní no ha suspendido la lapidación, es definitiva y aplicable”.

Por su parte, Ashtiani en una entrevista para el diario The Guardian aseguró que, mientras ella, encontrada culpable de adulterio es condenada a muerte, la vida del hombre encarcelado por la muerte de su marido no corre peligro, “La respuesta es muy simple, es porque soy una mujer y creen que pueden hacer lo que quieran. Un hombre adúltero puede terminar en la cárcel, pero para las adúlteras significa el fin del mundo. Todo esto ocurre porque vivo en un país donde las mujeres no tienen derecho a divorciarse de sus maridos y se ven privadas de sus derechos fundamentales".

La primera organización en dar la voz de alarma sobre el hecho fue la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la cual denunció en su portal que "No hay pruebas en el caso de Ashtiani que justifiquen esta sentencia inhumana". La campaña respondía al llamamiento del abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaeí, quien, agotadas todas las instancias, difundió el caso en su blog. Desde entonces, Amnistía, Foreign Office y Human Rights Watch, se han sumado a la movilización internacional pidiendo su perdón.

En un comunicado oficial publicado en internet, Amnistía Internacional destaca que Ashtiani se ha librado de morir a pedradas gracias a la participación y el compromiso de miles de personas que rechazan el acto, aunque la sentencia se mantenga y la mujer pueda ser ejecutada. El año pasado, al menos tres iraníes condenados a lapidación finalmente, fueron ahorcados. Por ahora Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y grupos internacionales de Derechos Humanos han pedido la liberación de la mujer y la anulación de la condena.

La campaña en la web para salvar su vida (http://freesakineh.org/) ha recogido hasta el momento más de 51.000 firmas. En respuesta a esta movilización, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que está dispuesto a conceder asilo a la mujer iraní y que intentará convencer a su homólogo de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, de que permita a la mujer aceptar el ofrecimiento de asilo, "Si mi amistad con el presidente de Irán sirve de algo, estaremos dispuestos a recibirla aquí", sostiene Lula en declaraciones a la radio estatal. Por ahora presidente de Irán no se ha pronunciado ante la propuesta.

Según Blanca Cueto, politóloga y experta en estudios socioculturales, lo que ocurre con Ashtiani, “no es una cuestión de civilizaciones, ni una cuestión cultural: es cuestión de infracción de derechos humanos. Los estados islámicos que asumen la Sharía como corpus legislativo aplican a las mujeres castigos medievales, que van en detrimento con los avances hechos a escala mundial en defensa a la vida, la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables”. Incluso el ayatolá Mohammad Ebrahim Yannati asegura que no hay base religiosa para ese castigo.

El código penal vigente en Irán desde la revolución islámica de 1979 establece la lapidación para los adúlteros, pero de acuerdo con esa polémica interpretación de ley islámica, el delito debe probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres hombres y dos mujeres).

Las circunstancias que rodean el caso de Ashtiani no son la excepción, sino la regla en Irán, donde otras ocho mujeres y tres hombres corren el riesgo de ser lapidados. El último caso conocido se produjo en enero del año pasado en la ciudad de Mashhad, la segunda más grande de Irán.

En lugares como Somalia, Irán, Sudán, el norte de Nigeria, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, una provincia de Indonesia y Yemen, se siguen invocando hoy en día las interpretaciones más estrictas de la Sharía (ley islámica), aunque el Corán no dice ni media sobre el asunto. La Sharía condena a muerte a pedradas a casados, separados, divorciados hasta a viudos que tengan relaciones extramatrimoniales.

A pesar de que el adulterio es castigado tanto para hombres como mujeres en Irán, las organizaciones internacionales y las personas que en general se oponen a la práctica consideran que las mujeres son más vulnerables a la lapidación porque no gozan de igualdad de trato ante los tribunales, sufren más de analfabetismo y no tienen un fácil acceso a abogados. Por ahora, el tema sigue cruzando una fina línea entre lo legítimo y lo justo, entre los derechos humanos y la cultura, mientras se espera una segunda oportunidad para Ashtiani o su definitivo castigo.