la imagen prohibida de Venezuela

El gobierno chavista censura las informaciones sobre violencia en tiempos de campaña electoral. Los medios y los ciudadanos denuncian la criminalidad que azota al país.

En Venezuela las encuestas  nacionales reflejan que más del 80% de la población considera que la inseguridad ciudadana es el mayor problema que afronta el país.  Miguel Cavaliere, estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB), contó a esta revista la historia de Carlos González, un estudiante de comunicación social que salía de la casa de su novia en Altamira a las 12:30 de la noche en su camioneta, cuando en una angosta calle fue bloqueado por un auto y dos motos. Uno de los hombres le pidió bajarse del vehículo, pero cuando Carlos se resistió, los hombres le dispararon. A los pocos minutos falleció y hasta hoy el caso está impune.

Según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, en el 2009 se cometieron 16.047 homicidios en el país, pero la cifra extraoficial reportada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue de 13.780 víctimas el año pasado, es decir, que se cometen 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, dos veces más que la media en Colombia, sumida en el conflicto armado, y nueve veces más que México en su guerra contra el narcotráfico.

Por esta razón, la criminalidad se ha convertido en un tema crucial de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre, especialmente para los sectores opositores. Por su parte, el gobierno ha reconocido los fallos en materia de seguridad, pero cree que los medios exageran  con el fin de atacar a la revolución.  En una alocución, el presidente Hugo Chávez afirmó que las informaciones sobre este asunto buscan sabotear los comicios, "Andan desesperados y por eso generan la reacción del pueblo, que ya se ha acostumbrado a dar sus batallas ante la grosería, el atropello y la manipulación de los medios de comunicación".

Para el gobierno venezolano, la publicación de noticias sobre criminalidad representa por estos días un problema de salud pública y de seguridad tanto o más grave que la violencia callejera, que ha acabado con la vida de más 19.000 personas en los dos últimos años. Por ese motivo, el Tribunal décimo segundo  de menores  prohibió  la divulgación de "contenido de sangre, armas y agresiones físicas, que aticen mensajes de guerra y decesos” en los principales medios de comunicación venezolanos para no alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes.

 Aunque el tribunal limitó la restricción para los diarios Tal Cual y El Nacional, las reacciones no se hicieron esperar; este último destacó en su portada un aviso en letras rojas que decía “Censurado” y otros medios críticos al gobierno publicaron la fotografía de la morgue en solidaridad con el periódico. La medida del Tribunal ha sido polémica porque la restricción para los medios impresos se aplicará durante un mes, justamente en plena campaña para las elecciones parlamentarias.

En un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo de Venezuela declaró que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a ciertas restricciones previstas en la ley  para asegurar el respeto a la protección de la salud pública, “los niños tienen derecho a recibir una información adecuada y los medios tienen el deber de contribuir a su formación”.

Sin embargo, Alejandro Botia, Jefe de redacción del diario Tal Cual, señala a Hechos del Mundo que la medida del juez no tiene una explicación lógica, “No existe ninguna norma ni reglamento que defina el tiempo por el cual se pueden imponer medidas cautelares de protección a los menores que impliquen censura previa a los medios de comunicación ¿Por qué 30 días y no 25 o 43?, ¿qué pasa después del vencimiento de la prohibición?, ¿después de ese momento ya los niños no estarán expuestos a imágenes que afecten su psiquis?”.

Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional señaló en entrevista a este medio que la imagen  de la morgue buscaba hacer reaccionar al Gobierno frente al problema de inseguridad personal que sufren los venezolanos y que, “la intención dentro del contexto de campaña electoral es censurar las noticias atinentes al peor problema que padece el país para favorecer al gobierno”. Además señaló que "los periódicos venezolanos han publicado ese tipo de fotos toda la vida, sobretodo en el interior del país, lo que convierte esta restricción en una decisión política”.

A la protesta generada por la censura impuesta a los diarios se le ha unido el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela (CNP). Eduardo Galindo, miembro de esta organización y del Comité Nacional de Protección a Periodistas en Apure, explica que la censura  es una forma de distraer la alarma social, “ese tipo de acciones demuestran una clara vulneración a la libertad de prensa en pleno periodo electoral utilizando una causa noble como la protección de los menores de edad como una excusa para silenciar a la prensa”.

                                                                                                                                                                         

Esta no es la es la primera vez que el gobierno censura a los medios de comunicación. María Iginia Silva fue víctima del cierre de la emisora CNB 102.3  en agosto del año pasado por ser un medio crítico a la gestión de Chávez y por recibir denuncias ciudadanas. Según ella, “la única forma de hacer pública la criminalidad que el país afronta es a través de medios independientes y privados, porque en diarios como Vea, al ser de corte oficial, ni siquiera existe una sección de sucesos  y la cobertura que pueda dar el canal del Estado (Venezolana de Televisión) del tema, es escasa”.

También, Gabriel Bastidas, integrante del movimiento estudiantil de la UCAB dijo a Hechos del Mundo que “El gobierno piensa que si los medios no publican estos sucesos la gente no va a sentir los efectos de la criminalidad, pero es imposible, ya que a todos nos toca de cerca, todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar (o uno mismo) que ha sido víctima de la inseguridad”.

Aunque la censura despierte una nueva guerra entre Chávez y la prensa, lo cierto es que la violencia está afectando a diario la calidad de vida de miles de venezolanos que esperan con un sentido más crítico  votar el próximo mes para que la criminalidad y la delincuencia,  más allá de ser una prioridad para los medios, lo sea para la nueva Asamblea General. 

Un último adiós

Ese siete de agosto hasta el cielo lloró la partida de Uribe. Ahora tenemos que llenarnos de valor y seguir adelante. Todos los que lo odiaron serán recordados como traidores de la patria, comunistas y blasfemos. Cómo no darle un último adiós a nuestro presidente, al único que fue capaz de decirle de frente y a puerta cerrada al omnipotente Hugo Chávez que sea varón, a ese que mostró su berraquera paisa por teléfono gritándole a la Mechuda “le voy a dar en la cara, marica” e incluso a Daniel Coronell, que parece intocable, le dijo miserable. Hoy recuerdo con nostalgia tantas peleas donde ganó la mano firme y el corazón grande.


Se fue el mejor hombre de la historia, de la patria boba, y de la guerra de las mil y una noches, el que logró confundir al gobierno con pueblo y a su nombre con Dios. Solo él supo en 8 años pelear con las altas cortes, con los gobiernos vecinos, con los ministros, con las organizaciones de derechos humanos y hasta con los periodistas ¡Bien merecido lo tenían!

Recuerdo con melancolía el día que estreché su mano y vi que sus ojos no mentían, ¿qué culpa hay en él de los falsos positivos y de unas cuantas “manzanas podridas” en el DAS? menos mal recibió la bendición en Roma del papa Benedicto XVI para librarlo de todo pecado y peligro.

Desde que Uribe dejó la “farsa de Nariño”, decidí todos los viernes hacer una hora de silencio por su ausencia, pero para no aburrirme recuerdo sus fluidez al hablar en inglés. Solo él logró superar las expectativas de Harvard y Oxford para hacer notar sus erres arrastradas y los proverbios paisas al mejor estilo americano que lo convirtieron durante casi una década en el campeón invicto de la confusión ante embajadores y presidentes.

Cómo olvidar a Uribe, al que en nombre de Oscar Tulio Lizcano se hizo esperar más de tres horas ante veinte mil indígenas y luego de treparse en un puente peatonal con megáfono en mano gritó y se despeinó para no ser ignorado. Desde ese día, gracias a su gesta, inició una dieta donde el desayuno está hecho a base de insultos.

También será imposible dejar atrás su faceta de maestro cuando le pidió al periodista argentino de la BBC de Londres que estudiara la historia de su país y dejara la democracia colombiana tranquilita. Solamente hasta ese día nos enteramos que nuestro querido presidente había hecho un doctorado en cortinas de humo.

Uribe, siempre quiso ser el Mesías y tuvo su cuarto de hora cuando decidió defender a Jorge Noguera, el chivo expiatorio de la infiltración paramilitar por el que puso sus manos al fuego, pues siempre fue para él un buen muchacho.

Hoy, después de tantas alegrías y buenos momentos nos despedimos del padre que se va. Ese que logró amparar con subsidios a las familias más necesitadas como la Dangond Lacouture y combatió sino la pobreza, por lo menos a los pobres. Por ahora queda en mis oraciones pedir para que algún día vuelva eso sí, solo cuando sienta que es “prudente” hacerlo.

El niño soldado de Guantánamo

Ocho años después de ser capturado en un campo de batalla afgano, Omar Khadr, el más joven de los reos en la base estadounidense de Guantánamo, enfrenta un juicio ante la corte militar.

Khadr, descendiente de egipcios, fue capturado en el este de Afganistán por soldados estadounidenses en julio de 2002 cuando tenía 15 años, tras una larga batalla entre fuerzas especiales y milicianos de Al Qaeda. Hoy, con 23 años, enfrenta cinco cargos de crímenes de guerra, incluyendo el de asesinato por presuntamente lanzar una granada que dio muerte a un soldado norteamericano.

Sin embargo, su permanencia en la cárcel de Guantánamo ha despertado una fuerte polémica entre las organizaciones de derechos humanos, pues las consideraciones jurídicas de la bahía son distintas a las de Estados Unidos y señalan que el proceso al joven ha sido ilegal. Allí permanecen detenidos alrededor de 500 prisioneros considerados miembros de Al Qaeda y del régimen talibán sin gozar de un proceso judicial justo con acceso a abogados.

Al caso de Khadr se suma sus antecedentes familiares: su padre, Ahmed Said Khadr, de ideología islamista, al parecer tuvo vínculos con altos mandos de la red encabezada por Ossama bin Laden. En 1993 se mudó con su familia a Afganistán, desde donde se presume enviaba dinero a Al Qaeda y más tarde en el 2003, murió en Waziristán durante un ataque del ejército paquistaní.

El proceso contra Omar Khadr comenzó con una controversia luego de que el juez militar Patrick Parrish estimara que no eran aceptables todas las declaraciones que Khadr había hecho a sus interrogadores tras su detención, en la cárcel de Bagram, cerca de Kabul, y luego en Guantánamo. En declaraciones a la agencia AFP, el teniente coronel Jon Jackson, abogado designado por el pentágono declaró que, “el caso de Khadr es el primer juicio en la historia contra un niño soldado, él fue interrogado en la base aérea de Bagram en Afganistán mientras se recuperaba de graves heridas: dos disparos de ametralladora en la cara y en el ojo. También amenazaron con violarlo y le prometieron que volvería a Canadá si decía lo que querían escuchar”.

Por su parte, la representante especial del secretario general del foro mundial para conflictos armados, Radhika Coomaraswamy declaró a Hechos del Mundo que la Organización Para las Naciones Unidas (ONU), "pidió varias veces que ningún menor, obligado a ser niño soldado o porteador, sea considerado responsable de sus actos y de las órdenes dadas por sus comandantes".

El pasado martes, el fiscal encargado del caso, Jeff Groharing trató de presentar a Khadr en la audiencia como combatiente comprometido e informado de Al Qaeda argumentando que, "comparte la ideología de la organización yihadista y la utiliza para justificar sus actividades”, según información publicada por la agencia IPS.

La detención y el trato dado a Khadr basado en presiones y torturas en pleno proceso de recuperación son asuntos controvertidos. En el 2004, el joven fue considerado un combatiente enemigo. La Ley de Comisiones Militares, firmada por el entonces presidente de EEUU George W. Bush para el 2006 contemplaba que sólo los prisioneros clasificados como "combatientes enemigos ilegales" podían ser juzgados por tribunales militares en Guantánamo.

Con el gobierno de Barack Obama, los juzgados de excepción fueron reformados e invalidaron las declaraciones hechas bajo presión. Pero Khadr no contó con esas garantías y en el documental A usted no le gusta la verdad, basado en un video secreto, se revela la intensidad de un interrogatorio en Guantánamo que duró cuatro días en contra del menor, el cual enfrenta cargos de asesinato, espionaje y apoyo material al terrorismo.

Actualmente, el juicio fue aplazado 30 días como mínimo. Aún así, Jon Jackson, defiende la demanda interpuesta a la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que las comisiones para el caso de Khadr eran inconstitucionales porque ofrecían estándares de justicia inferiores a ciudadanos extranjeros, mientras los estadounidenses cuentan con la protección de un tribunal federal.

Amnistía Internacional, en un comunicado publicado el 12 de Agosto, afirma que las comisiones no cuentan con la independencia de las cortes federales estadounidenses ni con las garantías de juicio justo que los ciudadanos estadounidenses acusados de delitos o conductas idénticas recibirían, “Las comisiones militares niegan el derecho a la igualdad de todas las personas ante los tribunales y a la misma protección ante la ley”.

Luis Javier Orjuela, Ph.D. en Ciencia Política de la universidad internacional de la Florida, explicó a Hechos del Mundo que “Guantánamo ha sido una pieza fundamental en el programa secreto adoptado por Estados Unidos para la transferencia de detenidos en relación con la “guerra contra el terror”. Se ha recurrido a estas entregas para trasladar detenidos a Estados como Egipto, Jordania y Siria, donde la tortura es habitual, así como a la custodia estadounidense en Afganistán y en centros secretos conocidos como “lugares negros” dirigidos por la CIA”. Khadr, al igual que 16 menores más han sido considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, no se debe dejar a un lado las raíces de las capturas, pues lo que se exige es un proceso más justo para desvincular, en definitiva, la dignidad de las venganzas entre naciones.

El precio del adulterio

Sakineh Mohammadi Ashtiani, una iraní de 43 años fue condenada a lapidación por el delito de adulterio. Hoy su caso llama la atención del mundo ante la falta de garantías del sistema judicial de Irán mientras el país defiende el cumplimiento de la ley islámica.

Ashtiani fue condenada en el 2006 a prisión y a 99 latigazos por mantener una relación con el presunto asesino de su marido. Su caso fue reabierto este año luego de que la mujer se retractara de lo dicho en un primer interrogatorio y más tarde haya confesado haberse autoinculpado. Sin embargo, el código penal de la República Islámica la sentencia a muerte por lapidación, mientras distintas organizaciones de derechos humanos se movilizan para salvar su vida.

La práctica iraní reabre el debate, pues la lapidación implica que la persona sea enterrada hasta el pecho y golpeada con piedras no tan grandes como para causar su muerte de forma inmediata ni tan pequeñas que no le causen daño, tal como establece el código penal del país. No obstante, Irán ha paralizado el proceso de Ashtiani gracias a la presión internacional, pero la decisión de las autoridades se mantiene. Según el ministro de exteriores en Irán, Manucher Mottaki, en declaraciones al País de España, dejó en claro que el veredicto sigue en pie: "la justicia iraní no ha suspendido la lapidación, es definitiva y aplicable”.

Por su parte, Ashtiani en una entrevista para el diario The Guardian aseguró que, mientras ella, encontrada culpable de adulterio es condenada a muerte, la vida del hombre encarcelado por la muerte de su marido no corre peligro, “La respuesta es muy simple, es porque soy una mujer y creen que pueden hacer lo que quieran. Un hombre adúltero puede terminar en la cárcel, pero para las adúlteras significa el fin del mundo. Todo esto ocurre porque vivo en un país donde las mujeres no tienen derecho a divorciarse de sus maridos y se ven privadas de sus derechos fundamentales".

La primera organización en dar la voz de alarma sobre el hecho fue la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, la cual denunció en su portal que "No hay pruebas en el caso de Ashtiani que justifiquen esta sentencia inhumana". La campaña respondía al llamamiento del abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaeí, quien, agotadas todas las instancias, difundió el caso en su blog. Desde entonces, Amnistía, Foreign Office y Human Rights Watch, se han sumado a la movilización internacional pidiendo su perdón.

En un comunicado oficial publicado en internet, Amnistía Internacional destaca que Ashtiani se ha librado de morir a pedradas gracias a la participación y el compromiso de miles de personas que rechazan el acto, aunque la sentencia se mantenga y la mujer pueda ser ejecutada. El año pasado, al menos tres iraníes condenados a lapidación finalmente, fueron ahorcados. Por ahora Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y grupos internacionales de Derechos Humanos han pedido la liberación de la mujer y la anulación de la condena.

La campaña en la web para salvar su vida (http://freesakineh.org/) ha recogido hasta el momento más de 51.000 firmas. En respuesta a esta movilización, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que está dispuesto a conceder asilo a la mujer iraní y que intentará convencer a su homólogo de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, de que permita a la mujer aceptar el ofrecimiento de asilo, "Si mi amistad con el presidente de Irán sirve de algo, estaremos dispuestos a recibirla aquí", sostiene Lula en declaraciones a la radio estatal. Por ahora presidente de Irán no se ha pronunciado ante la propuesta.

Según Blanca Cueto, politóloga y experta en estudios socioculturales, lo que ocurre con Ashtiani, “no es una cuestión de civilizaciones, ni una cuestión cultural: es cuestión de infracción de derechos humanos. Los estados islámicos que asumen la Sharía como corpus legislativo aplican a las mujeres castigos medievales, que van en detrimento con los avances hechos a escala mundial en defensa a la vida, la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables”. Incluso el ayatolá Mohammad Ebrahim Yannati asegura que no hay base religiosa para ese castigo.

El código penal vigente en Irán desde la revolución islámica de 1979 establece la lapidación para los adúlteros, pero de acuerdo con esa polémica interpretación de ley islámica, el delito debe probarse por la confesión repetida del acusado o el testimonio de cuatro testigos varones (o de tres hombres y dos mujeres).

Las circunstancias que rodean el caso de Ashtiani no son la excepción, sino la regla en Irán, donde otras ocho mujeres y tres hombres corren el riesgo de ser lapidados. El último caso conocido se produjo en enero del año pasado en la ciudad de Mashhad, la segunda más grande de Irán.

En lugares como Somalia, Irán, Sudán, el norte de Nigeria, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, una provincia de Indonesia y Yemen, se siguen invocando hoy en día las interpretaciones más estrictas de la Sharía (ley islámica), aunque el Corán no dice ni media sobre el asunto. La Sharía condena a muerte a pedradas a casados, separados, divorciados hasta a viudos que tengan relaciones extramatrimoniales.

A pesar de que el adulterio es castigado tanto para hombres como mujeres en Irán, las organizaciones internacionales y las personas que en general se oponen a la práctica consideran que las mujeres son más vulnerables a la lapidación porque no gozan de igualdad de trato ante los tribunales, sufren más de analfabetismo y no tienen un fácil acceso a abogados. Por ahora, el tema sigue cruzando una fina línea entre lo legítimo y lo justo, entre los derechos humanos y la cultura, mientras se espera una segunda oportunidad para Ashtiani o su definitivo castigo.

HAITÍ:SEIS MESES DESPUÉS DE LA TRAGEDIA

El doce de julio de este año se cumplieron seis meses desde que un terremoto de 7.0 grados en la escala de Richter sacudiera y asolara a Haití, especialmente a su capital, Puerto Príncipe. A pesar de la ayuda recibida, que supera los 11 mil millones de dólares, sus habitantes aún viven en condiciones de extrema pobreza, mientras se calcula que la reconstrucción total del país antillano tardará 20 años.
Durante varias semanas Haití fue el centro de atención mundial. Todos los medios de comunicación contaron el desarrollo de una de las peores catástrofes naturales de la historia, que dejó en su camino más de 250.000 muertos y un millón de desplazados entre ellos Marc, un niño de cinco años con notables signos de desnutrición que a diario busca en el piso algo que comer para calmar su hambre. Esta historia publicada recientemente por el diario el Espectador titulada Haití: El país zombi, muestra que después de seis meses la república sigue al borde del abismo.

Haití, antes y después del terremoto es el país más pobre de América. Según el Banco Mundial, casi 240 millones de dólares se pusieron a disposición del país para evaluar el impacto de la tragedia, implementar infraestructura de emergencia, proyectos educativos y comunitarios así como para proporcionar financiamiento al sector privado. Sin embargo, a medio año de la tragedia, se hicieron públicos varios informes en los que se denunciaba que la ayuda prometida por los donantes no llegaba al país caribeño. Entre los informes, se destacó el expuesto por Secretario General de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon, en el cual se señaló que sólo ha llegado el 2% de los donativos.

La desesperación de los habitantes a falta de recursos ha impulsado protestas por todo el país, pues tras las expectativas de ayuda, las entregas de alimentos, viviendas y asistencia médica sigue siendo irregular. El aporte económico y humanitario proveniente de República Dominicana, Estados Unidos, países latinoamericanos, europeos, y de organizaciones como la Cruz Roja Internacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, es insuficiente, teniendo en cuenta la inestabilidad política, económica y social que Haití ha enfrentado durante décadas. Por el momento, miles de haitianos y haitianas continúan viviendo en condiciones precarias en refugios y tiendas

La situación actual muestra que el gobierno haitiano ha sido lento para tomar las decisiones necesarias para pasar de un estado de emergencia a un período de recuperación. El país actúa paulatinamente ante las complejidades logísticas de problemas como la remoción de escombros y la identificación de sitios seguros para la reubicación de viviendas. Solo hasta el mes de mayo el presidente de Haití, René Preval se encargó de trasladar a 11.600 víctimas a un barrio formal. Aún no se levantan algunos refugios temporales, mientras la supervivencia de miles de haitianos se ve amenazada por los vientos, el calor, las enfermedades como la tuberculosis, las lluvias y la probabilidad de llegada de un ciclón tropical.

Según Carlos García, profesor de la Universidad Complutense de Madrid: “El principal problema que tiene Haití, es la falta de estructuras de organizaciones, es decir, los largos periodos de golpes militares, las dictaduras, la invasión militar que tuvo a principios de siglo, han hecho que el país no pueda construir sus propias formas de organización, los partidos son absolutamente débiles, escuálidos, responden a los intereses personales del dirigente”.

Además de la inestabilidad política de Haití, la situación de corrupción afecta el proceso de reconstrucción. Aún así Javier Esparza, ex funcionario internacional de la OEA, considera que sí hay salidas: “si se logra una coordinación eficaz de la cooperación internacional, esa podría ser una manera eficiente de controlar el uso adecuado de los recursos, para los fines específicos requeridos en ésta situación”.

Otro de los sucesos que se presenta en el país es el desplazamiento masivo de los haitianos a República Dominicana en respuesta a la falta de oportunidades en la nación. Jean Paul, periodista e investigador de Haití declaró a medios colombianos que las víctimas del terremoto han perdido la fe en su país y han decidido emigrar a la provincia Dominicana de Santiago, siendo la segunda ciudad más rica e industrializada de la zona.

Pero la situación política del país caribeño está cerca de definirse pues los candidatos para las elecciones de noviembre se alistan para competir esta semana cuando se cierren las inscripciones presidenciales, siendo un evento clave para la reconstrucción a largo plazo de Haití. El restablecimiento de la institucionalidad ha generado tanta atracción que hasta la estrella del hip hop Wyclef Jean podría postularse a la presidencia, luego de su reconocida labor solidaria a favor de las personas más afectadas por el terremoto.

Por ahora, 70 partidos políticos y coaliciones se han registrado para las elecciones nacionales que elegirán al sucesor del presidente Preval, que ha recibido durante los últimos meses acusaciones por intentar aferrarse al poder y manipular al Consejo Electoral. Además, los sobrevivientes del terremoto sostienen que la mala gestión del gobierno, la corrupción y el pésimo estado de las construcciones magnificaron los efectos del sismo.

Mientras que la Comunidad internacional sigue organizando grandes cumbres para concretar la reconstrucción de Haití a través de recolectas de fondos y acordar una estrategia de intervención para los próximos años, el país está al borde de una crisis política generada por conflictos entre el régimen en el poder y los grupos de la oposición.

El destino de Haití depende, por el momento, de la capacidad de articulación y movilización de los diferentes movimientos y organizaciones de la sociedad civil haitiana para exigir el respeto y la protección de la dignidad y de los derechos fundamentales del pueblo, especialmente de la población damnificada y desplazada, más allá de la eventual crisis política interna y de la ligereza de ciertos organismos y países de la comunidad internacional de instaurar al país su propio proyecto de reconstrucción.